La inversión extranjera en Chile requiere mucho más que constituir una sociedad. Desde la elección de la estructura legal adecuada hasta la designación de un representante legal, la coordinación de los impuestos corporativos entre jurisdicciones y la protección de activos bajo la ley chilena, cada decisión conlleva consecuencias legales y financieras que deben abordarse desde el inicio. Spencer Global Law entrega el marco legal que los inversionistas y las empresas extranjeras necesitan para operar en Chile con certeza.
Spencer Global se especializa en prestar servicios corporativos y de apoyo empresarial a emprendimientos pequeños y medianos en Chile. Desde empresas internacionales que abren una filial local hasta el emprendedor privado que persigue un proyecto personal, en Spencer Global entendemos que iniciar con éxito un negocio en Chile como inversionista extranjero implica mucho más que constituir una sociedad. Hemos ayudado a clientes a abrir oficinas de servicio en Santiago, a construir telescopios comerciales en el norte de Chile y a establecer lodges de pesca con mosca en la Patagonia más remota. Entregamos los servicios de apoyo y la asesoría integral que necesitará para navegar la normativa empresarial y las diferencias culturales en Chile, tanto antes como después de iniciar su negocio.
Constituir una sociedad en Chile implica una serie de decisiones que van mucho más allá de elegir una estructura societaria. Los estatutos deben especificar con precisión el giro y las actividades autorizadas de la sociedad —un requisito que sorprende a muchos inversionistas extranjeros habituados a tradiciones anglosajonas— y las decisiones adoptadas al momento de la constitución son difíciles y costosas de modificar posteriormente. Spencer Global asesora a ciudadanos extranjeros y empresas internacionales sobre la estructura adecuada para su inversión, redacta estatutos con el alcance y la flexibilidad necesarios para una operación eficiente y coordina todo el proceso de constitución, incluidos los requisitos bancarios, la designación del representante legal y las consideraciones tributarias internacionales.
Los ciudadanos extranjeros con bienes en Chile enfrentan una exposición legal que exige planificación cuidadosa desde el inicio. La ley chilena otorga a los propietarios extranjeros los mismos derechos y protecciones constitucionales que a los ciudadanos chilenos, pero una protección de activos efectiva requiere más que el título de dominio: exige una estructura que haga significativamente más difícil y costoso que cualquier tercero adquiera derechos sobre esos bienes. Spencer Global asesora en esquemas de protección de activos en Chile, incluidas estructuras de separación societaria, holdings internacionales e hipotecas privadas sobre bienes raíces, coordinando con abogados y expertos tributarios extranjeros para asegurar que toda estructura implementada en Chile sea coherente con las obligaciones del cliente en las demás jurisdicciones donde mantenga vínculos o intereses.
Toda sociedad constituida en Chile debe designar un representante legal: un ciudadano chileno o residente definitivo investido con la facultad última de firma sobre todos los actos oficiales de la sociedad. Esta concentración de poder genera riesgos significativos para los propietarios extranjeros, en particular para quienes tienen poca familiaridad con la ley chilena, y el abuso de las facultades del representante es un problema ampliamente documentado en Chile. Spencer Global presta servicios de representación legal para sociedades de propiedad extranjera, actúa como representante designado ante las autoridades chilenas y el Servicio de Impuestos Internos, y asesora sobre la estructuración precisa y la limitación de las facultades del representante en los estatutos, para proteger los intereses de los socios y accionistas extranjeros.
El número de RUT —el rol único tributario de Chile— es necesario para cualquier transacción con consecuencias tributarias en el país, incluidas la compra de bienes raíces, la transferencia de vehículos y la constitución de sociedades. Desde 2015, los ciudadanos extranjeros deben designar a un residente o ciudadano chileno con domicilio permanente en el país para actuar como su representante ante las notificaciones oficiales del Servicio de Impuestos Internos antes de que se emita un RUT. Spencer Global obtiene el RUT para clientes extranjeros mediante un poder especial limitado, ya sea que el cliente se encuentre dentro o fuera de Chile, y cumple directamente con el requisito de representante local, asegurando que el trámite se complete sin necesidad de que el cliente esté físicamente presente.
Los poderes son necesarios para una amplia gama de trámites legales y administrativos en Chile —desde cierres inmobiliarios y solicitudes de RUT hasta la constitución de sociedades y procesos judiciales— y constituyen una herramienta esencial para los ciudadanos extranjeros que necesitan actuar mediante un representante estando fuera del país. Un poder mal redactado, incluso otorgado y legalizado correctamente fuera de Chile, puede ser rechazado por cualquier notario, oficina pública o tercero en Chile que determine que no cumple el estándar formal o sustantivo exigido; un resultado que, tras el tiempo y el costo de citas consulares o trámites de apostilla, puede generar demoras significativas y consecuencias económicas. El alcance de todo poder debe considerarse cuidadosamente: delegar facultades más amplias que las estrictamente necesarias expone al otorgante a serios riesgos legales y financieros, y Spencer Global ha gestionado casos en que poderes imprecisos o excesivamente amplios fueron abusados por las personas a quienes se otorgaron. Spencer Global redacta poderes con la precisión y especificidad que exige la ley chilena, coordina su otorgamiento en consulados chilenos en el extranjero o mediante el proceso de legalización aplicable, y asegura que cada documento se limite estrictamente a las gestiones para las que fue previsto, protegiendo los intereses de nuestros clientes en cada etapa del proceso.
Los ciudadanos extranjeros y las empresas internacionales que operan en Chile enfrentan obligaciones tributarias que se extienden mucho más allá de lo que Chile mismo cobrará. Las actividades en Chile deben sincronizarse con la posición tributaria internacional del cliente, tanto para minimizar consecuencias fiscales como para asegurar el pleno cumplimiento de la ley tributaria chilena y de cualquier jurisdicción extranjera aplicable. Chile es además parte de un número creciente de acuerdos internacionales de intercambio de información tributaria, lo que implica que los activos y las actividades en el país son cada vez más visibles para las autoridades fiscales extranjeras. Spencer Global coordina con expertos tributarios en Chile y con los asesores del cliente en su jurisdicción de origen antes de completar cualquier transacción relevante o establecer cualquier estructura societaria, asegurando que todo esquema sea jurídicamente sólido y fiscalmente eficiente en cada jurisdicción pertinente.
Existe una frase célebre, atribuida con frecuencia a Will Rogers: "No me preocupa tanto el retorno de mi dinero como la devolución de mi dinero". Independientemente de si Will Rogers la dijo o no, la idea de proteger su inversión es un buen punto de partida al planificar la protección de sus activos en Chile. Queremos revisar algunas consideraciones sobre protección de activos en el país.
Al planificar la protección de activos en Chile, primero debe entenderse de quién o de qué se están protegiendo esos bienes. Si busca protegerlos del impacto de un asteroide, el plan será muy distinto al de protegerlos frente a una acción de responsabilidad legal. Aquí abordaremos únicamente el segundo caso. También conviene señalar desde el inicio que no existe una protección garantizada al 100% frente a todos los eventuales problemas legales a los que un activo, una inversión o un patrimonio puedan estar expuestos; y esto es probablemente cierto en casi todos los países del mundo. Dependemos de un marco jurídico para definir nuestros derechos de propiedad sobre un bien y, por lo mismo, siempre estaremos sujetos a los mecanismos legales creados para extinguir esos derechos.
Así, los activos comienzan con los derechos de propiedad y con la solidez con que esos derechos se hacen cumplir en un país o jurisdicción determinada. La protección de activos parte por reforzar o apalancar esos derechos para extender la protección. En resumen, se trata de hacer extraordinariamente difícil y/o costoso que alguien adquiera derechos sobre un bien. Como dice el adagio, la posesión equivale a nueve décimos de la ley. Extenderíamos esa afirmación a Chile: la posesión equivale a nueve décimos de la ley en todas partes. Por ello, para efectos de la planificación de protección de activos, mantener la posesión del bien es el objetivo.
Veamos primero los derechos de propiedad en Chile: específicamente cómo existen en el país y, más importante aún, los derechos de propiedad de los extranjeros. Deben destacarse tres principios básicos de la Constitución chilena, pues constituyen la base de la protección de activos en Chile:
En resumen, los ciudadanos extranjeros tienen los mismos derechos de propiedad y, por tanto, las mismas protecciones legales que los ciudadanos y residentes chilenos ante los tribunales y bajo la ley. Nuevamente, implementar un plan de protección de activos consiste en buscar reforzar esas protecciones legales básicas mediante resguardos jurídicos adicionales.
Entonces, ¿cuánta protección necesitan sus activos en Chile?
Para responder cuánta protección necesita, primero debe comprender cuán difícil es para alguien interponer una acción legal en Chile (es decir, conocer al adversario). Así, la primera línea de defensa es burocrática. Chile es extraordinariamente burocrático. No es un país de tradición anglosajona, por lo que los tribunales rara vez aceptan argumentos como "buenas intenciones" o "cumplí casi todas las formalidades". Los procedimientos judiciales son normalmente muy lentos y deben seguirse con exactitud. Las formalidades incumplidas son terreno fértil para recursos. Con frecuencia, causas civiles bastante rutinarias llevan cuestiones técnicas no solo a las cortes de apelaciones, sino a la Corte Suprema; y en un mismo caso pueden apelarse múltiples puntos a lo largo del proceso.
Existen muy pocas situaciones en que alguien pueda interponer una acción judicial contra los bienes de otra persona sin que dicha acción sea "legalmente ruidosa". Es decir, el propietario del bien debe ser notificado para poder defenderse legalmente, mediante una forma estrictamente reglada: canales judiciales oficiales, notificaciones públicas y/o notificación por receptor judicial designado. A menudo esa notificación debe practicarse de una manera muy específica, en un domicilio oficial y por una persona determinada designada por el tribunal.
En el caso de un extranjero con domicilio o residencia oficial fuera de Chile, esto se convierte en una tarea logística lenta y propensa a errores, que implica transitar canales diplomáticos oficiales. Puede hacerse, pero es costoso y demoroso, y la mayoría de los abogados en Chile no tiene experiencia en el procedimiento de notificación internacional por vía diplomática. Existe una alta probabilidad de que, incluso si la contraparte lograra completar el trámite, la falta de experiencia de los intervinientes genere fundamentos para recursos u otras impugnaciones del procedimiento empleado.
Con frecuencia los canales legales ordinarios ofrecen protección suficiente. Chile tiene una legislación de propiedad privada muy sólida, y la gran mayoría de las normas está redactada con una inclinación a proteger primero a los dueños de la propiedad privada y, en segundo lugar, a quien interpone la acción. Como regla general, quienes demandan ante los tribunales suelen estar en desventaja desde el inicio en términos de costos (deben pagar sus propios honorarios), tiempo (las causas pueden durar de 2 a 6 años con recursos) y carga de la prueba (requieren un caso sólido). Los abogados en Chile rara vez toman casos a honorarios contingentes. Además, en Chile no existen los daños punitivos: solo puede demandarse el daño efectivo. Así, su exposición legal está, en cierto modo, acotada desde el inicio por el simple costo y dificultad de litigar. Por lo mismo, cuanto mayor sea el valor del activo en Chile, más sentido tiene protegerlo con una defensa más profunda.
Crear grados de separación legal entre usted (el verdadero dueño o beneficiario) y el activo en Chile puede valer el esfuerzo. En algunos casos, simplemente poner el bien a nombre de un familiar u otra persona de confianza será suficiente en términos de protección legal.
También existen protecciones legales especiales para los bienes familiares. Por ejemplo, la vivienda donde habita su familia puede declararse "bien familiar", lo que excluye el inmueble de los activos considerados para satisfacer lo concedido por un tribunal. En resumen, no se puede dejar a una persona y a su familia sin hogar, incluso si existe una sentencia en su contra. Cabe señalar que esto también tiene implicancias importantes: limita lo que usted puede hacer con la propiedad sin consultar a su familia.
En otros casos, crear una sociedad holding en Chile u otra entidad legal es una buena estrategia para aportar privacidad y una barrera de protección frente a acciones judiciales. Esto lo utilizan habitualmente las empresas en Chile para constituir una sociedad que concentra un riesgo extraordinario (por ejemplo, demandas laborales), mientras otra estructura societaria mantiene el dominio de, digamos, una planta industrial. Su utilidad es prácticamente ilimitada y constituye, en muchos sentidos, la base del derecho societario.
También puede lograrse mayor protección aumentando el nivel de abstracción jurídica de la propiedad de un activo. Por ejemplo, una sociedad en otro país puede ser dueña de las acciones de una sociedad chilena que, a su vez, posee una planta u otro activo tangible en Chile. Aunque a primera vista parece una solución simple y atractiva, es necesario calcular cuidadosamente los costos asociados a mantener dicha estructura.
Para un patrimonio o activo de bajo valor, los costos de mantener esta estructura durante muchos años podrían consumir rápidamente las utilidades o incluso el capital original. Las sociedades en Chile deben, por ejemplo, presentar declaraciones mensuales ante el Servicio de Impuestos Internos; debe pagarse un contador para ello, aun si la sociedad no genera ingresos en el mes. Algunas estructuras societarias pueden quedar sujetas a IVA en la venta de ciertos activos, a diferencia de una persona natural que posee directamente una propiedad y la vende exenta de impuesto o con una tasa menor.
Una hipoteca simple sobre el inmueble. Uno de los métodos más comunes y sencillos es constituir una hipoteca privada sobre la propiedad. En teoría puede ser por cualquier monto, incluso muy superior al valor de mercado del inmueble. Debe inscribirse en el título para ser plenamente eficaz y, idealmente, quedar en primer grado de preferencia. En caso de remate judicial de la propiedad, el acreedor hipotecario es el primero en la fila para ser pagado. Cualquier otra acción o deuda sobre el inmueble será secundaria y se pagará con los fondos restantes del remate público. Es posible que el acreedor hipotecario utilice simplemente el crédito para adquirir la propiedad en el remate, libre de la mayoría de los demás gravámenes. Suele ser una forma costo-eficiente de proteger bienes raíces, pero debe implementarse con cuidado y correctamente para ser eficaz.
Una advertencia: Chile es parte de numerosos acuerdos internacionales de intercambio de información tributaria y está implementando cada vez más medidas para asistir a las autoridades fiscales extranjeras en la detección de activos ocultos en el país.
Un esquema de protección de activos puede ser legal en Chile, pero eso no significa que lo sea en cualquier jurisdicción donde usted deba impuestos o tenga otras consideraciones legales. El hecho de que un gobierno u organismo extranjero no pueda embargar directamente su activo en Chile no implica que no pueda sancionarlo de otras formas por situar bienes en Chile (por ejemplo, declararlo en desacato).
Deberá analizar las implicancias tributarias de cualquier estructura de protección de activos con un abogado o experto tributario en esas otras jurisdicciones. Con gusto trabajamos con sus abogados y asesores tributarios extranjeros para encontrar un esquema que cumpla con las leyes de Chile y de cualquier otra jurisdicción que deba considerar al planificar la protección de sus activos en el país.
Si desea asistencia para evaluar su exposición y las posibles estrategias de protección de sus activos en Chile, no dude en contactarnos.
Los abogados de Spencer Global publican regularmente sobre las consideraciones legales y regulatorias que enfrentan los inversionistas extranjeros en Chile: desde la estructura societaria y la representación legal hasta la coordinación tributaria transfronteriza. Los siguientes artículos se basan en la experiencia directa del estudio asesorando a empresas internacionales e inversionistas individuales en una amplia gama de industrias.
En Chile puede otorgarse un poder para prácticamente cualquier gestión. Los poderes deben limitarse en su alcance a tareas u objetivos determinados y DEBEN ser redactados por un abogado calificado. Un poder mal redactado, tras obtener todas las autorizaciones correspondientes en el extranjero, puede finalmente ser rechazado o aceptado por cada notario, oficina pública o tercero en Chile si no está correctamente redactado. El esfuerzo y el costo necesarios para validar un poder dentro de Chile desde el exterior hacen indispensable que el poder esté bien redactado desde el inicio.
Recuerde que todo poder que usted firma delega sus derechos legales en otra persona, y usted es responsable de lo que esa persona haga con dicha facultad en su nombre.
Manténgalo simple: otorgue poderes solo a personas de su confianza y limitados a las facultades necesarias para completar gestiones muy específicas. Hemos visto a muchos extranjeros meterse en problemas financieros y legales por haber cedido con facilidad facultades demasiado amplias en un poder. Muchos lo hicieron simplemente porque pensaron que sería conveniente o ahorraría tiempo, o porque creyeron que la persona que acababan de conocer era muy "amable".
Supongamos que ya cuenta con un poder redactado por un abogado calificado en Chile. Su primer paso es decidir cuál de los dos métodos disponibles resulta más sencillo para notarizar un documento fuera de Chile. El primero es simplemente ubicar el consulado chileno más cercano y acudir a firmarlo. Normalmente el documento debe enviarse al consulado con antelación y agendar una cita. Su abogado chileno debería asistirlo en el proceso de coordinar la firma en el consulado.
La segunda opción es notarizar el documento ante un notario local de su país de origen, luego legalizar esa firma ante la oficina de legalizaciones del ministerio de relaciones exteriores (o su equivalente) y, posteriormente, enviar el documento al consulado chileno competente en su zona para que lo valide en su país de origen.
Los procedimientos suelen variar de país en país, de documento en documento y, en definitiva, pueden depender del propósito del documento. Advertimos que la legalización para Chile no es lo mismo que una apostilla. La apostilla es un mecanismo del Convenio de La Haya para que los países miembros reconozcan documentos provenientes de otros Estados parte. Chile se incorporó al Convenio de La Haya sobre legalización de documentos solo en 2017. Otros países pueden requerir completar el proceso tradicional de legalización.
El primer método —firmar el poder directamente en el consulado chileno— es el preferido, porque reduce al mínimo los posibles errores. Hemos enfrentado numerosos problemas con la legalización extranjera de firmas de notarios locales: se omiten timbres, se pasan por alto oficinas y firmas, y las prácticas habituales en el extranjero pueden resultar confusas para quienes finalmente aceptan el poder en Chile. Al firmar en el consulado chileno, usted está notarizando directamente un documento chileno.
Acudir al consulado local no suele ser un problema si, por ejemplo, vive en una gran ciudad internacional como Los Ángeles, Nueva York o Londres. Sin embargo, si el tiempo y el costo de llegar al consulado chileno más cercano son demasiado altos o simplemente imposibles, legalizar la firma de un notario local puede ser su única opción. Solo debe hacerse con cuidado y bajo la adecuada supervisión de su abogado chileno, para asegurar que no se omita ningún paso crítico.
Cada país tiene un sistema algo distinto para legalizar documentos destinados a Estados que no son parte del Convenio de La Haya. Por ejemplo, en Estados Unidos existe un servicio de legalización que tramita el documento a través de los distintos niveles de oficinas estatales y federales para autenticar que el notario está efectivamente autorizado a notarizar documentos en ese país. En cualquier país donde se realice, la firma de cada funcionario superior al notario debe certificar la cadena de autoridad de ese notario hasta el nivel del ministerio de relaciones exteriores. Como puede ver, existen muchas formas en que algo pueda fallar u omitirse.
Una vez obtenidas todas las legalizaciones o autenticaciones de la firma de su notario local dentro de su país, debe enviar el documento a la embajada de Chile para que certifique finalmente que todas las autorizaciones son legales y válidas en ese país. Sin embargo, según nuestra experiencia, este trámite se realiza con distintos niveles de rigor según el consulado.
Cualquiera sea el método utilizado para notarizar el documento fuera de Chile, una vez que este llega al país debe presentarse ante el Ministerio de Relaciones Exteriores en Santiago para autenticar la firma del cónsul chileno en el extranjero, a fin de que el documento constituya un instrumento legal válido en Chile.
Todo esto puede parecer muy complicado, y recomendamos enfáticamente buscar asistencia profesional para el proceso; sin embargo, este sistema también está diseñado para proteger a usted y al público en Chile de operaciones dudosas o ilegales. Hace extremadamente difícil que alguien utilice un poder falsificado en Chile. El proceso de legalización y el sistema notarial chileno tienen además el beneficio de contribuir a reducir costos y tiempos legales si alguna vez debe acudir a tribunales. La autenticidad de los documentos debidamente legalizados y notarizados rara vez requiere ser cuestionada en Chile. El propósito de la legalización es, en parte, liberar a cada oficina pública o particular de la necesidad de autenticar individualmente cada documento extranjero: el documento es reconocido como plenamente legal en Chile por todos los terceros.
Por ello, el método más sencillo, cuando es posible, es firmar el poder o el contrato directamente en Chile ante un notario mientras se encuentra en el país. Lo ideal es planificar con antelación si está visitando Chile y sabe que no podrá estar presente para alguna gestión oficial tras su partida. En segundo lugar, si no puede firmar personalmente en Chile, procure coordinar una visita al consulado chileno más cercano para firmar el poder u otros documentos chilenos que requieran notarización.
Solo como último recurso debería depender del largo y a veces costoso proceso de legalizar la firma de su notario local en su país de origen. Esto también debe hacerse con otros documentos emitidos en el extranjero, como certificados de nacimiento y de matrimonio. No es imposible; simplemente debe realizarse con cuidado.
Zandra Valenzuela es abogada chilena y profesora de derecho internacional. Se especializa en derecho internacional privado y en materias de jurisdicción internacional, y es asesora legal senior de Spencer Global.
Constituir una sociedad en Chile comienza con decisiones importantes acerca de los objetivos generales del negocio en el país y de las actividades que su nueva sociedad desarrollará ahora y en el futuro previsible. Estas decisiones deben tomarse con cuidado desde el inicio, ya que modificar los estatutos en Chile puede ser costoso y demoroso una vez constituida la sociedad. Revisaremos brevemente algunos aspectos que debe considerar para que su abogado en Chile redacte estatutos flexibles.
Abrir una cuenta bancaria en Chile para la mayoría de las nuevas sociedades es algo que muchos extranjeros dan por sentado, pero en Chile los bancos son muy conservadores y prefieren actuar con cautela cuando existen dudas sobre la solvencia del cliente. Especialmente cuando se trata de extranjeros sin residencia en Chile y de personas jurídicas desconocidas. Esto resulta particularmente problemático para los extranjeros, ya que con frecuencia los socios de la nueva sociedad no tienen historial crediticio propio en el país y la nueva sociedad cuenta con muy poco capital o activos. Si abrir una cuenta bancaria es un objetivo inmediato de la sociedad, solemos recomendar que la redacción de los estatutos comience coordinando los requisitos del banco.
Otra área frecuente de preocupación son los impuestos. Los extranjeros como personas naturales y las empresas extranjeras que planean hacer negocios en Chile suelen tener mucho más que considerar en materia tributaria que solo lo que Chile cobrará. Deben asegurar que sus actividades gravadas en Chile estén sincronizadas con su situación tributaria internacional, tanto para minimizar consecuencias fiscales y financieras como para garantizar el cumplimiento de la ley tributaria chilena y de cualquier jurisdicción extranjera involucrada. Para clientes con estas complejidades tributarias internacionales, solemos coordinar con expertos tributarios tanto en Chile como en el extranjero antes de redactar los estatutos de la nueva sociedad.
También deberá considerar el tipo de estructura a utilizar, según las operaciones que desarrollará. Tanto personas naturales como promotores corporativos extranjeros, incluso empresas extranjeras relativamente grandes, tienden a querer constituir de inmediato una Sociedad Anónima (S.A.). En ocasiones, incluso para grandes empresas internacionales, eso es mucho más de lo necesario, como en el caso de abrir una simple oficina comercial en Chile para representar un producto. Una S.A. en Chile conlleva mayores costos regulatorios y de mantención de registros, cuando una sociedad de responsabilidad limitada chilena estándar o la más reciente SpA serían perfectamente adecuadas. Para un inversionista extranjero individual, con frecuencia la E.I.R.L. es todo lo que se necesita. Sin embargo, en muchos casos la sociedad de una sola persona, la E.I.R.L., puede resultar una estructura demasiado pequeña. Por ejemplo, un guía turístico sin socios y con actividades comerciales muy específicas y limitadas: una situación en la que, en la mayoría de los países, podría simplemente operar como empresario individual.
Si ninguna estructura resulta adecuada, es práctica común en Chile dividir la empresa en varias entidades relacionadas. Por ejemplo, una sociedad para la contratación de trabajadores, otra para mantener los activos y una tercera para gestionar las ventas y la responsabilidad por productos.
Toda sociedad en Chile debe contar con un "representante legal". Este debe ser ciudadano chileno o residente definitivo en Chile.
El alcance de los estatutos es otra materia a considerar con cuidado. Cualquiera sea el tipo de sociedad, los estatutos deberán especificar con gran detalle las actividades exactas que la sociedad desarrollará, y el nivel de detalle con que esto se consigna en Chile sorprende a muchos extranjeros, especialmente a quienes provienen de países con tradición anglosajona. Por ejemplo, es habitual que los estatutos en Chile señalen expresamente cosas como: "el representante legal está facultado para abrir cuentas bancarias, cerrar cuentas bancarias, retirar cheques del banco, firmar cheques, enviar cheques, anular cheques…".
Este nivel de detalle es necesario porque, en las gestiones cotidianas, los terceros revisarán los estatutos y, si una facultad no está expresamente otorgada al representante de la sociedad, con frecuencia se negarán a permitir esa actuación o a reconocer su autoridad. Por ejemplo, ¿realmente quiere asumir el costo de modificar los estatutos si un ejecutivo bancario decide no permitir que un representante de la sociedad firme un cheque, abra una cuenta, etc.? Por ello debe considerarse cuidadosamente el rango y alcance completo de las actividades de la sociedad al momento de redactar los estatutos en Chile.
Existen muchas otras consideraciones, varias específicas a sus circunstancias y objetivos, al constituir una sociedad en Chile. Con una planificación cuidadosa y asesoría desde el inicio, la mayoría de los problemas pueden evitarse.
Para que una persona califique como representante legal de una sociedad en Chile conforme a la ley chilena, debe ser mayor de 18 años y residente definitivo o ciudadano de Chile. No necesita ser abogado, contador ni socio o accionista de la sociedad, aunque puede serlo. Puede tratarse simplemente de un trabajador de la empresa o de un tercero que acepte voluntariamente el cargo. Los extranjeros no pueden actuar como representantes legales de una sociedad, incluso si son dueños de la mayoría de ella, hasta haber obtenido la residencia definitiva en Chile. El representante legal es la persona designada como la "cara" legal de la sociedad, con la facultad última de firma sobre todos los actos oficiales que esta realice. Esto, evidentemente, genera potenciales problemas.
Esto concentra mucho poder en muy pocas manos dentro de las sociedades en Chile. El abuso de su posición por parte de los representantes legales es un problema muy serio en el país, especialmente cuando los socios o dueños son extranjeros y no dimensionan el alcance completo de las facultades que han otorgado. Cuando se designa o elige a un representante legal, las facultades se confieren normalmente mediante un documento formalmente notarizado. Este obliga a las partes, y los terceros quedan legalmente protegidos si actúan conforme a dicho documento. La voluntad e intención de los firmantes se considera fijada al momento de suscribirlo ante notario público.
Hemos visto numerosos casos en que representantes legales decidieron vender activos de la sociedad o, simplemente, tomar el control total de la empresa. En los casos más extremos, los dueños tenían muy poco que hacer legalmente después del hecho, porque habían consentido plenamente en otorgar facultades sin restricción al representante legal. Por ello, los extranjeros, con un dominio del idioma posiblemente limitado y una comprensión aún más limitada de la ley chilena, deben ser muy cuidadosos al elegir quién será el representante legal de su sociedad en Chile, qué facultades podrá ejercer y bajo qué condiciones.
La responsabilidad del representante legal también opera en sentido inverso: asume determinadas responsabilidades legales personales. Por ejemplo, si una sociedad no paga sus impuestos en Chile, el Servicio de Impuestos Internos puede perseguir sanciones penales o civiles directamente contra el representante legal. En una demanda civil contra una sociedad, es el representante legal quien es notificado para comparecer en juicio. Por lo tanto, para todos los involucrados, no es una función que deba tomarse a la ligera.
Entonces, ¿qué puede hacerse al respecto?
Lo más importante es que, al redactar los estatutos en Chile y cualquier contrato relacionado con las facultades del representante legal, dichas facultades queden debidamente restringidas. Por ejemplo, los estatutos pueden exigir que el representante legal obtenga la firma de los socios o accionistas para autorizar la venta de cualquier bien raíz. También puede limitarse el monto de dinero que puede transferir sin autorización: por ejemplo, requerir autorización para transferencias superiores a USD 10.000.
Sin embargo, es importante que estas restricciones no sean tan estrictas que impidan al representante legal ejercer sus funciones. Este sigue necesitando autoridad suficiente para actuar oportunamente y conducir el negocio cotidiano en nombre de la sociedad. Por ello, la planificación cuidadosa al momento de la constitución respecto de la estructura y las facultades del representante legal debe considerar qué poderes son esenciales para que la sociedad funcione eficientemente dentro del mandato otorgado.
No dude en contactarnos para conversar con uno de nuestros abogados en Chile sobre sus opciones para abordar el problema de los representantes legales al planificar la constitución de una sociedad en el país.
En Chile existen dos tipos de números comúnmente llamados "RUT". El "RUT" temporal, o rol único tributario para extranjeros, es únicamente un número de identificación tributaria. Otro tipo de "RUT" (a veces denominado RUN) corresponde a los ciudadanos y residentes chilenos. El RUT permanente para ciudadanos y residentes es un número de identificación nacional, similar a un número de seguridad social, y se utiliza para pasaportes, materias tributarias, identificación y muchas otras gestiones. Las sociedades también reciben un "RUT" para efectos tributarios.
No es necesario ser residente en Chile para obtener un RUT temporal. El RUT es exigido para realizar cualquier compra relevante en Chile con consecuencias tributarias y es emitido por el Servicio de Impuestos Internos (SII).
El RUT temporal no otorga derecho a residencia ni a nacionalidad chilena. Para obtener un RUT permanente debe solicitar la residencia. La mayoría de los chilenos, e incluso muchos abogados en Chile, desconocen la existencia del RUT temporal para extranjeros.
En 2015, el gobierno de Chile impuso un nuevo requisito a los extranjeros que obtienen un RUT temporal. Antes de 2015 era posible que los extranjeros obtuvieran un RUT simplemente con su pasaporte en cualquier oficina del SII, llenando un formulario. Ahora se exige contar con un residente o ciudadano chileno con domicilio permanente en el país, que actúe como su "representante legal" para efectos de recibir notificaciones o correspondencia oficial del Servicio de Impuestos Internos, antes de que se emita el RUT temporal para extranjeros en Chile.
Spencer Global puede obtener el RUT para sus clientes mediante un poder especial limitado, tanto si el extranjero se encuentra fuera como dentro de Chile.
Además de redactar y coordinar la firma del poder limitado y de solicitar el RUT ante el SII, nuestro servicio incluye actuar como "representante legal" o punto de contacto para las notificaciones oficiales del SII en Chile, cumpliendo así con este nuevo requisito para extranjeros.
En la mayoría de los casos, los extranjeros solo necesitan un RUT temporal cuando planean comprar bienes raíces o vehículos, constituir una sociedad o transferir otros activos relevantes que requieran el pago de impuestos en Chile.
Para saber más sobre la obtención de un RUT permanente, consulte nuestra sección de Derecho Migratorio y visas en Chile.
Revisamos sus objetivos de negocio y operaciones en Chile para determinar la estructura societaria adecuada.
Redactamos los estatutos, definiendo el giro y las actividades de la sociedad y las facultades del representante legal.
Completamos el proceso de constitución, obtenemos el RUT de la sociedad y coordinamos los requisitos para abrir una cuenta bancaria en Chile.
Acompañamiento en coordinación tributaria, requisitos de representación legal y el cumplimiento permanente de la sociedad en Chile.
Solicite una llamada o reunión con nuestro equipo en Santiago o el sur de Chile.
